La norma pretende hacer efectivo el derecho a la vivienda que recoge la Constitución Española y, para ello, contempla medidas de fomento y estímulo para que salgan al mercado las más de 500.000 viviendas vacías que se calcula que existen en la Comunitat Valenciana.
Además, prevé sanciones a entidades o grandes propietarios que no pongan a disposición sus viviendas vacías, e incluye medidas para evitar desahucios, e incluso, la expropiación de viviendas, aunque esto quedará en suspenso hasta que la ley estatal de segunda oportunidad acabe su vigencia (en mayo de 2017) o se derogue.
Escucha la entrevista en la Cadena Ser a la consellera de vivienda María José Salvador
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