En la sede del Colegio, imparte la ponencia Francisco Nemesio, jefe de la asesoría jurídica del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón. Asisten más de un centenar de colegiados que desean conocer, las modificaciones legales en materia de vivienda y alquiler que introduce el Real decreto- ley 21/2018 en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la Ley sobre Propiedad Horizontal, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en otras leyes.
Como cada año, os informamos que en el mes de febrero tendrá inicio el curso de Perfeccionamiento del Colegio de Valencia-Castellón.
Hace más de 20 años que desde el Colegio se realiza este curso, antes llamado “curso de cualificación profesional”, y el año pasado llegamos a un acuerdo con la Universidad de Burgos para que además de la garantía del Colegio tuviera la de una universidad pública, avalada con créditos universitarios.
Un paso más para reforzar la garantía de nuestras formaciones, con una gran acogida por el propio Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España y por casi todos los colegios territoriales, firmando 22 de ellos, el pasado 15 de diciembre, las adendas al convenio con la Universidad de Burgos.
De este modo el Curso de perfeccionamiento tendrá un reconocimiento como título propio de la Universidad de Burgos.
Pueden hacer esta formación tanto los administradores de fincas colegiados como sus empleados, quieran o no examinarse para ser oficiales habilitados.
Duración:
Fechas de impartición:
(ver documento con las asignaturas y las fechas del curso)
Requisitos académicos previos:
Importe matrícula: 450 €
Fechas de matrícula: Mes de enero de 2019 a través del siguiente enlace https://goo.gl/forms/RF1oCrb5YfawVZtv2
Plazas limitadas: 50 alumnos por cada Colegio Territorial.
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El Director General de Economía y Emprendimiento de la Generalitat Valenciana, Francisco Álvarez, inauguró las nuevas oficinas de Mutua de Propietarios en el centro de Valencia, desde donde se gestionará el desarrollo de la compañía en la Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete. |
La Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana obliga a disposar de mecanismes per a fer efectives les mesures adreçades a garantir el dret a un habitatge digne i assequible entre les quals es troba l’increment i millora del parc públic d’habitatge.
Mesures necessàries per a aconseguir progressivament i per tots els mitjans apropiats, la plena efectivitat del dret a l’habitatge.
El Pla Plurianual de Rehabilitació i Ampliació del Parc Públic d’Habitatge 2018-2020 preveu entre altres línies d’actuació, l’ampliació del Parc Públic d’Habitatge mitjançant la compra d’habitatges de tipologia plurifamiliar en el territori de la Comunitat Valenciana.
Els pressupostos de la Generalitat inclouen una dotació plurianualitzada per a l’adquisició d’habitatges per part de la Generalitat amb la finalitat d’incrementar el seu parc públic i disposar d’habitatges en règim de lloguer assequible.
Es convoca el concurs per a l’adquisició d’habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat de conformitat amb el plec de condicions aprovat.
El Col·legi d’Administradors de Finques de València-Castelló i Caixa Popular, signen una aliança de col·laboració per facilitar la gestió econòmica financera dels col·legiats.
La principal entitat financera valenciana ha dissenyat productes i servicis exclusius per als col·legiats i per a les comunitats que aquests gestionen. Entre els quals destaquen un compte sense comissions, una auditoria de segurs gratuïta o una línia de finançament en condicions avantatjoses, entre uns altres.
Amb l’objectiu d’oferir uns servicis financers més directes i adaptats a les necessitats dels administradors de finques pertanyents al col·legi, Caixa Popular ha obert un punt d’informació en les instal·lacions del Col·legi, situat en la Plaza Crespins, 3 de València; amb horari de 10h a 14h de dilluns a divendres.
Des d’aquest lloc, en el qual està al capdavant Inma Cavero de Caixa Popular, s’informarà de manera presencial, a tots aquells col.legiats, o qualsevol persona relacionada amb els seus despatxos, que vagen a la seu del Col·legi i sol·liciten informació. També s’oferirà atenció telefònica o digital.
Caixa Popular des del punt d’informació comunicarà i informarà a tots els col.legiats dels avantatges que els pot oferir per facilitar les gestions financeres de la seua activitat professional i particular gràcies al conveni en vigor entre dues entitats.
La obtención de esta certificación en el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, supone el reconocimiento por parte de una entidad acreditada, de la buena gestión de la Institución en sus distintas áreas operativas como las relaciones con los Colegiados y Colegiadas, ciudadanía/clientes/usuarios, la planificación y control de la prestación del servicio: programación, contratación, ejecución; todo ello conforme a lo establecido en la Norma ISO 9001:2015
La implantación del Sistema de Gestión de Calidad según la Norma ISO 9001:2015 en el Colegio, ha supuesto notables mejoras en el control de expedientes, en la organización interna, así como en la normalización de los procesos.
Esta Norma exige unos importantes requisitos para poder demostrar su cumplimiento, y se estructura como un gran marco de actuación para que las entidades establezcan procesos, protocolos para la prevención de no conformidades y tareas de mejora continua para toda la Organización; aplica por tanto a todas las áreas de trabajo: se trata de ofrecer a las personas usuarias la máxima garantía de calidad y confianza.
Para alcanzar con éxito los objetivos de calidad aprobados, así como los compromisos de mejora asumidos en la Revisión por Dirección se ha contado con la plena colaboración de la Dirección del Colegio y la participación de todo su personal; ha sido una experiencia que ha aportado un valor añadido a través de la detección de nuevas oportunidades de mejora.
Para la corporación representa una gran satisfacción y motivación, que tras el esfuerzo de este último año, una vez superadas las correspondientes auditorias, estemos certificados como Organización que cumple con todos los requisitos de Calidad, conforme a la norma internacional UNE – EN- ISO 9001:2015
En la implantación del sistema de Gestión de Calidad, hemos contado con la colaboración y asistencia técnica de Solumed Consultores, empresa con una amplia experiencia en asesoramiento e implantación de Sistemas de calidad en todo tipo de organizaciones en general y particularmente en Colegios profesionales.
Reconocimiento emitido por la Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente ACCM.
http://www.cursofranciscobrotons.es
Abierta ya la inscripción.
Cualquier pregunta llamar al colegio o enviar correo a: asistenciacurso@icafv.es
VI Curso Francisco Brotons
26 y 27 octubre en Castellón
El presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, José Sales, se ha reunido hoy con la diputada autonómica Isaura Navarro, en la sede del Grupo Compromís de les Corts Valencianes, para tratar de la Proposición de modificación de la Ley de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana.
Isaura Navarro ha encabezado junto con los portavoces de todos los grupos parlamentarios esa Proposición de Ley, que, cuando próximamente entre en vigor, permitirá a la Generalitat Valenciana sancionar con multas de 5.001 € a 150.000 € a quienes ejerzan, en la Comunitat Valenciana, profesiones colegiadas sin cumplir el requisito de la colegiación.
La aprobación de esta Ley permitirá un mayor control, en interés de los consumidores y usuarios, de quienes ejercen la profesión de administrador de fincas, evitando que en la Comunitat Valenciana pueda ejercerse la profesión sin estar colegiado.
La morosidad en las comunidades de propietarios va disminuyendo año a año, aunque todavía supera los 177 millones de euros en la Comunitat Valenciana, un nivel de deuda que «no es admisible» y que «dificulta el normal funcionamiento» de esos vecindarios. Así lo asegura José Sales, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana.
A pesar de la recuperación iniciada en 2015, hasta cerrar el año pasado con un descenso 4,21%, la Comunitat Valenciana continúa siendo la cuarta con mayor volumen de endeudamiento en este ámbito. En cuanto a la responsabilidad de las entidades financieras en esas cifras de morosidad con las comunidades de propietarios, el descenso fue del 3,79%, de 35,5 a 33,96 millones.
Al respecto, Sales achaca la bajada a que hay menos ejecuciones hipotecarias y a que la cartera de inmuebles en manos de los bancos se está reduciendo. Para minimizar la deuda por parte de entidades financieras, los administradores de fincas realizan «tareas de investigación para intentar esclarecer la titularidad de los inmuebles». Más que impagos, en este caso prefiere hablar de «retrasos importantes» en los pagos a las comunidades de propietarios, en ocasiones con el argumento de que «hasta que no se inscribe la propiedad de la vivienda no deben pagar, y eso no es así», recalca.
A partir de los datos del estudio elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que cifra la morosidad estatal con las comunidades de propietarios en 1.601,23 millones de euros, este colectivo profesional propone una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que «garantice y agilice el cobro de las deudas».
Entre las medidas que reclaman figura el establecimiento de intereses durante el tiempo en que un propietario sea moroso, por acuerdo de la junta, o la privación de servicios como el acceso a la piscina o a la pista de pádel, pero nunca al ascensor.
El presidente de los administradores de fincas de la Comunitat también pone el foco en las deudas contraídas por empresas en concurso de acreedores, dada la dificultad actual de reclamarlas por la colisión del proceso mercantil con el necesario acceso a la vía civil que se ocupa de esos impagos vecinales.
Con esa «nueva ley para la convivencia» que reivindican desde el colectivo para luchar contra una morosidad que afecta a cuatro de cada diez comunidades de propietarios en todo el país, un 7% con pagos pendientes de entidades financieras, apelan al principio constitucional de seguridad jurídica que exige «perseguir la claridad, y no la confusión normativa», y procurar que los operadores jurídicos y los ciudadanos «sepan a qué atenerse» en ese tema.
Los administradores de fincas pretenden asimismo que cuando una entidad financiera se quede con un inmueble por impago de una hipoteca, la reclamación de la deuda se realice desde la fecha en que el banco se adjudica ese inmueble.
Además, proponen que se reclame al comprador de un inmueble la deuda de todos los gastos comunes y del fondo de reserva que correspondan al año en curso y a los cuatro ejercicios anteriores a la compra. Sobre este punto, Sales recuerda que actualmente el comprador puede exonerar al vendedor de la obligación de aportar el certificado de estar al corriente de pagos con la comunidad de propietarios y reivindica que «tendría que ser obligatorio en cualquier caso», independientemente de las posibles acciones legales por mentir en escritura pública.
«No es admisible ese nivel de deuda», insiste el presidente de los colegios de administradores de fincas de la Comunitat, que recuerda cómo la modificación de la ley que promovieron en 1999, precisamente para luchar contra la morosidad, «consiguió reducir en dos tercios la deuda», que por aquel entonces rondaba los 180 millones de euros, frente a los 1.601 millones actuales.
Por este motivo, confía en que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez acepte la propuesta normativa que le plantean, con el argumento de que «la modificación que se propone es necesaria» y, a su juicio, «debería ir aún más allá». A la espera de ese cambio, valora la tendencia a minorar la deuda en todas las comunidades autónomas, con llamativos descensos en Ávila o Toledo, mientras que Alicante tira de la disminución de esa morosidad vecinal en la Comunitat, con un 5,6% menos que en 2016, frente al 3,4% de Valencia y el 2,4% de Castellón.
Fuente: Las Provincias
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