La morosidad en las comunidades de propietarios va disminuyendo año a año, aunque todavía supera los 177 millones de euros en la Comunitat Valenciana, un nivel de deuda que «no es admisible» y que «dificulta el normal funcionamiento» de esos vecindarios. Así lo asegura José Sales, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana.
A pesar de la recuperación iniciada en 2015, hasta cerrar el año pasado con un descenso 4,21%, la Comunitat Valenciana continúa siendo la cuarta con mayor volumen de endeudamiento en este ámbito. En cuanto a la responsabilidad de las entidades financieras en esas cifras de morosidad con las comunidades de propietarios, el descenso fue del 3,79%, de 35,5 a 33,96 millones.
Al respecto, Sales achaca la bajada a que hay menos ejecuciones hipotecarias y a que la cartera de inmuebles en manos de los bancos se está reduciendo. Para minimizar la deuda por parte de entidades financieras, los administradores de fincas realizan «tareas de investigación para intentar esclarecer la titularidad de los inmuebles». Más que impagos, en este caso prefiere hablar de «retrasos importantes» en los pagos a las comunidades de propietarios, en ocasiones con el argumento de que «hasta que no se inscribe la propiedad de la vivienda no deben pagar, y eso no es así», recalca.
A partir de los datos del estudio elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que cifra la morosidad estatal con las comunidades de propietarios en 1.601,23 millones de euros, este colectivo profesional propone una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que «garantice y agilice el cobro de las deudas».
Entre las medidas que reclaman figura el establecimiento de intereses durante el tiempo en que un propietario sea moroso, por acuerdo de la junta, o la privación de servicios como el acceso a la piscina o a la pista de pádel, pero nunca al ascensor.
El presidente de los administradores de fincas de la Comunitat también pone el foco en las deudas contraídas por empresas en concurso de acreedores, dada la dificultad actual de reclamarlas por la colisión del proceso mercantil con el necesario acceso a la vía civil que se ocupa de esos impagos vecinales.
Con esa «nueva ley para la convivencia» que reivindican desde el colectivo para luchar contra una morosidad que afecta a cuatro de cada diez comunidades de propietarios en todo el país, un 7% con pagos pendientes de entidades financieras, apelan al principio constitucional de seguridad jurídica que exige «perseguir la claridad, y no la confusión normativa», y procurar que los operadores jurídicos y los ciudadanos «sepan a qué atenerse» en ese tema.
Los administradores de fincas pretenden asimismo que cuando una entidad financiera se quede con un inmueble por impago de una hipoteca, la reclamación de la deuda se realice desde la fecha en que el banco se adjudica ese inmueble.
Reclamar al comprador
Además, proponen que se reclame al comprador de un inmueble la deuda de todos los gastos comunes y del fondo de reserva que correspondan al año en curso y a los cuatro ejercicios anteriores a la compra. Sobre este punto, Sales recuerda que actualmente el comprador puede exonerar al vendedor de la obligación de aportar el certificado de estar al corriente de pagos con la comunidad de propietarios y reivindica que «tendría que ser obligatorio en cualquier caso», independientemente de las posibles acciones legales por mentir en escritura pública.
«No es admisible ese nivel de deuda», insiste el presidente de los colegios de administradores de fincas de la Comunitat, que recuerda cómo la modificación de la ley que promovieron en 1999, precisamente para luchar contra la morosidad, «consiguió reducir en dos tercios la deuda», que por aquel entonces rondaba los 180 millones de euros, frente a los 1.601 millones actuales.
Por este motivo, confía en que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez acepte la propuesta normativa que le plantean, con el argumento de que «la modificación que se propone es necesaria» y, a su juicio, «debería ir aún más allá». A la espera de ese cambio, valora la tendencia a minorar la deuda en todas las comunidades autónomas, con llamativos descensos en Ávila o Toledo, mientras que Alicante tira de la disminución de esa morosidad vecinal en la Comunitat, con un 5,6% menos que en 2016, frente al 3,4% de Valencia y el 2,4% de Castellón.
Fuente: Las Provincias
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