El 4 de diciembre cualquier persona en silla de ruedas, con movilidad reducida, con un carrito de bebé o con un andador no debería tener problema alguno para desplazarse por su ciudad, para salir de su casa, para montarse en el autobús o en el tren, para coger un taxi, para comprar en una tienda, para entrar en un museo, para realizar una gestión en cualquier oficina o para visitar a un amigo que reside en una finca antigua. Ese es el plazo que marca el real decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprobó el texto refundido de la ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Es decir, 10 años después de que se configurara el marco legal para proteger los derechos de las personas con discapacidad, el colectivo afectado asegura que la ley «es pura ficción» porque la vida real está plagada de barreras arquitectónicas. Y eso que quedan apenas 100 días (desde hoy, 97) para que se cumpla una ley que se ha convertido en una utopía. Por ello, asociaciones, comerciantes y administradores de fincas creen que es «imposible» que la ley se cumpla en el plazo previsto.
Al preguntarle al presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe CV), Javier Segura, sobre el cumplimiento o no de la ley, le da la risa. «Es imposible que el plazo se cumpla. En 20 años no se han hecho los deberes y de nada sirven las leyes que no se cumplen. Tenemos una ley desde el 98 pero es un tema de convicción y no de coacción. Somos un colectivo pequeño y parece que solo nos afecta a nosotros. Y no es cierto. El envejecimiento de la población va en aumento y uno no sabe si tendrá la movilidad reducida por accidente o de viejo, pero es un problema real y es de todos». Y es que el número de personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana ronda los 400.00 vecinos, un 10% de la población.
En 2015, el Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas de España reconocía que el 75% de los edificios necesitaban mejorar su accesibilidad. El presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de València y Castelló, José Sales, asegura que si los inmuebles realizan ese tipo de obras es «porque lo solicita un vecino que lo necesita y el resto se solidariza, no porque se persiga acatar la ley».
A título individual
La Administración, sin embargo, concede ayudas para subvencionar parte de este tipo de trabajos – la última ayuda, unos 4.000 euros para la instalación de ascensores o rampas en los edificios–, aunque, según Sales, «los plazos son breves y hay que estar muy atentos por lo que si se instalan ascensores, rampas o plataformas elevadores suele ser porque lo pide un afectado no porque sea un acto subvencionable».
Desde la Confederación de Comerciantes y Autónomos de la Comunitat Valencia na (Covaco) aseguran que los comercios nuevos cumplen la normativa de accesibilidad «porque sino, no consiguen la licencia de apertura y actividad», mientras que los más antiguos «están intentando acometer las obras antes del 4 de diciembre».
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